La situación económica-financiera de Grecia es preocupante; cuenta con el mayor porcentaje de deuda externa de su historia, y a esto se le suma su imposibilidad de poder solventar los pagos correspondientes al Banco de la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El 5 de julio se votó, después de más de 30 años, un referéndum en el país. El mismo se basaba en un 'SI' o un 'NO' al ajuste promovido desde la presidencia de la UE y el FMI. El 'NO' respaldado por el primer ministro griego Alexis Tsipras, obtuvo una gran aceptación popular, con el 62% de los comicios, lo que marca la voluntad del pueblo griego a tener una economía social e independiente.
Las presiones de la comunidad europea se hicieron sentir tras la consulta popular, dando como resultado la dimisión del ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, en pos de facilitar las negociaciones entre su país y el Eurogrupo.
Lo cierto es que el pueblo griego ha hablado, pero las presiones para mantener su economía dependiente del banco central europeo persisten. Incluso el mismo Tsipras marcó que no está dentro de sus decisiones salir de la comunidad europea o dejar el euro. Lo único que reclama es la posibilidad de una reestructuración de la deuda externa en consonancia con los argumentos de la imposibilidad de generar un economía soberana.
Hoy el panorama es ambiguo, ya que que más del 60% de la población cree que es avasallante la actitud de los acreedores de la deuda e instituciones de crédito, lo cual es alentador ya que genera confianza desde las personas hacia el gobierno.
Lo más lúgubre de esta puja de poderes es que el primer ministro se ve presionado, ya que aún su Estado forma parte de esta comunidad, que limita la reactivación de los países que poseen una actividad económica restringida en relación a las grandes potencias europeas, que hoy condicionan las elecciones de la Unión Europea.
Muchos hoy se encargan de comparar la crisis de deuda griega con la crisis de 2001 en Argentina.
Lo cierto es que los efectos fueron casi los mismos, pero el escenario es totalmente distinto. En ese sentido, el país sudamericano corría con la ventaja de que las presiones externas hacia el gobierno no estaban institucionalizadas explícitamente, a diferencia de Grecia, donde su economía sirve para la Unión Europea desde el momento que pactó formar parte de un bloque económico liderado por economías desarrolladas.
En el presente el gobierno griego se encuentra en un nuevo proceso de negociaciones, donde se le impusieron cumplir una serie de políticas económicas de ajuste fiscal y productivo. El primer ministro marcó que busca un acuerdo que respete a los griegos, y el Eurogrupo anunció que, si el Estado griego no acata estas medidas en 72 horas, se verá forzado a abandonar la moneda común europea, el euro.
Según indica la agencia Télam, si Atenas se pronunciara a favor de estas medidas, privatizaría ciertos sectores estratégicos en materia de recursos, y debería encarar una reforma fiscal (eliminación del impuesto hacia las grandes empresas), una profunda reforma del mercado laboral que incluiría despidos colectivos y un cambio en la administración civil del Estado, según lo remarcado por Tsipras en declaraciones públicas.
