El mundo se pregunta por qué un ciudadano puede acabar en la cárcel por enviar mensajes en Twitter en Venezuela, como es el caso de Inés González, presa desde finales del año 2014 por instigación pública y otros cargos. El caso de Inés es uno más dentro de la amplia colección de presos políticos del régimen venezolano, en la que destacan hasta ahora Leopoldo López, Daniel Ceballos, María Lourdes Afiuni y Antonio Ledezma, arrestado en febrero, en pleno ejercicio como Alcalde Metropolitano de Caracas.
El pasado 29 y 30 de junio, el Estado venezolano compareció ante el Comité de Derechos Humanos del Alto Comisionado para DD.HH.
en Ginebra, Suiza. La delegación venezolana, según lista provista por el organismo, estuvo liderada por Luisa Ortega Díaz (Fiscal General de la República) y contó con altos funcionarios del Poder Judicial, y diplomáticos de la Cancillería y la Misión Permanente de Venezuela en Ginebra.
En el evento participaron más de 100 organizaciones de la Sociedad Civil que presentaron un total de 17 informes sobre el estado de los derechos civiles y políticos en Venezuela. En las conclusiones que presentó el Comité -las sesiones culminaron este 24 de julio- incluyen recomendaciones entre las que exhortan a velar por la independencia del Poder Judicial, mejorar las condiciones de retención, reducir las detenciones arbitrarias de quienes participan en manifestaciones públicas, liberar a los presos políticos y, llama la atención, un caso justo para la jueza Afiuni.
El diario El Universal, de Venezuela, describe lo que sucedió el pasado 30 de junio durante la interpelación a la delegación que representó al Gobierno venezolano. El periódico afirma que al ser interrogada sobre las agresiones y violaciones de las que fuera objeto María Lourdes Afiuni, la Fiscal no hizo más que negar estar informada del asunto, para luego presentar una declaración jurada donde la jueza aseguraba que sus propias denuncias eran falsas.
Tanto le molestó a la Fiscal la referencia al caso Afiuni que le reclamó al experto que hacía las preguntas, todo ante la incredulidad de los presentes, y citamos: "Para que el abogado Yadh Ben Achour, representante de Túnez, cierre la boca, no es cierto que la jueza Afiuni haya sido violada o torturada. Está elucubrando."
Tal fue la indignación de la jueza Afiuni al enterarse de esto que se presentó, acompañada de sus abogados, ante el Tribunal del juez Manuel Bognanno en Caracas, donde pidió que se escuchara su declaración, ya que nunca había solicitado que se le permitiera hablar en el juicio a manera de protesta por no considerarlo un proceso justo.
Su declaración fue grabada con un dispositivo oculto y ese mismo día se hizo viral en las redes. A continuación parte de su declaración, citada en Infobae:
"A mí me vaciaron el útero porque lo tenía vuelto (...), se me destruyó la vejiga, la vagina, el ano. Tengo clavos, mallas, cinchas, no quedé perfecta pero por lo menos no quedé con todo guindando como lo tenía, pero a veces tengo mucho dolor (...) esas fueron lesiones que tuve dentro del penal, en el oncológico se horrorizaron por cómo quedé."
La jueza, para quien el fallecido Presidente Chávez había pedido 30 años de cárcel en cadena nacional de radio y televisión, tuvo que ser sometida a una histerectomía y reconstrucción de las partes afectadas. Además podría perder uno de sus senos -parcialmente necrosado- debido a una patada que recibió por parte de uno de sus custodios.
