Ernesto Barreiro, ex-mayor del Ejército que participó en la dictadura argentina entre 1976 a 1983, está siendo juzgado por un tribunal oral federal, y en este ha declarado que existen fosas comunes con restos de desaparecidos. 


Las fosas según ha afirmado el exmilitar, se encuentran a las afueras de Córdoba, en terrenos que pertenecen al predio de la guarnición militar Tercer Cuerpo de Ejército y a la actual villa Ciudad América. El acusado que fue jefe de interrogatorios y exterminio en "la Perla" también reveló la identidad de las personas enterradas allí.

"La Perla" que estaba en el interior del Tercer Cuerpo del Ejército, fue el epicentro de políticas y movimientos de izquierdas que a partir del golpe de Estado de 1976 fue totalmente aniquilado.

Barreiro que hoy día tiene 67 años se declara de ideas peronistas, advierte que no se arrepiente de lo que hizo, afirmando que hizo "lo que tenía que hacer" para evitar que Argentina se convirtiera en otra Cuba, aunque también matizó que no ahora no volvería a hacerlo.

Argentina es de toda Latinoamérica el único país que somete a juicio a sus dictadores acusados de crímenes contra la humanidad. Gracias a estos juicios se han podido esclarecer de alguna manera las victimas que hubo durante estos lamentables periodos históricos. Por ejemplo, según los recuentos públicos del informe Sábato son 8.961 las víctimas que desaparecieron y fueron ejecutadas, aunque organismos defensores de los derechos humanos habla de unas 30.000 personas desaparecidas. 


A todo esto los familiares del acusado y otros ex-militares que participaron en la represión de la dictadura, se han asociado en organizaciones civiles, desde las que se consideran estos juicios como una venganza, y tachan a sus parientes acusados de "presos políticos". No obstante hasta que se llegue a esclarecerse el total de muertos y desaparecidos durante la dictadura argentina, es algo que al menos está en proceso, y que demuestra el talante democrático del gobierno, a diferencia de otras naciones democráticas, como la española, en la que sus jueces son expulsados a la par que mantienen la amnistía a sus dictadores genocidas del pasado.