Otro DNU obvió un fallo judicial que prohibía suprimir el Afsca a cargo de Martín Sabatella, emitido por el juez de La Plata Luis Arias, y disolvió la institución reemplazándola por el Ente Nacional de Comunicaciones.

Pone bajo el mando del nuevo organismo también a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aftic), más los miembros del Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.

El Ejecutivo no respeta la creación de ambas instituciones aprobadas por el Congreso, procediendo inconstitucionalmente, luego de desalojar con la fuerza policial a Sabatella aun habiendo logrado un dictamen judicial favorable. Una vez más, tampoco Macri convoca al Parlamento para discutir su decisión que adopta por DNU 7/2016.

Macri incorpora varios cambios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por los congresistas. Para el Gobierno lo único que tiene valor es el DNU, cuando días atrás prometió que llevaría a las cámaras el tratamiento de la ley de comunicaciones.

Principales reformas. La cartera de Comunicaciones será responsable de definir la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital con una nueva área: “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación" de ambas. Es decir, que no interesa cuanto proyecto elaboren parlamentarios elegidos por el voto popular.

Enacom es autárquico y descentralizado; sin embargo, depende del Ministerio de Comunicaciones, quien goza de "plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado".

En sus considerandos, el DNU determina que es imprescindible reorganizar y modificar la normativa, escudándose en que existe una crítica situación en telecomunicaciones y medios, por lo que debe ser inmediata “la libertad de expresión” y no atenerse a esperar los pasos constitucionales de sanción de leyes.

Un trámite legislativo es un retraso innecesario.

Remarca que habrá autoridades que “regulen y controlen” con sanciones la independencia de los medios de comunicación. Se contradice al usar los términos controles e independencia.

El DNU permite sancionar cuanto no sea idóneo y neutral para evitar distorsiones en la difusión de información (lo cual queda a criterio del Ejecutivo), amparándose en que busca defender a los consumidores.

Desfigura las distorsiones que pretende corregir cuando ningún poder salvo el Ejecutivo gobernará el Enacom. Significa que decidirá lo que se difunda para su propia conveniencia.

El directorio lo conformarán un presidente, el ex secretario de Medios de la CABA Miguel de Godoy, y tres directores nombrados por el Primer Mandatario, Heber Martínez, ex gerente de Telefe; Alejandro Pereyra del partido de Stolbizer y Agustín Garzón, interventor de la anulada Afsca.

Las tres primeras minorías parlamentarias se representarán por otros tres directores. El mandato es de cuatro años con posibilidad de renovación por igual periodo. A la mayoría (que obtuvo bancas por ganar las elecciones) le resta autoridad.

La reformulación de la legislación es para consolidar “amplia libertad de prensa, pluralismo y seguridad jurídica para nuevas inversiones” en medios de comunicación, dando por sentado que se acaba la “guerra contra el periodismo”, que según el macrismo impulsó el gobierno anterior.Vanagloriándose de la defensa de la libertad, ningún artículo habla que evitará la concentración monopólica mediática.