Son varios los funcionarios y empresarios relacionados con el anterior Gobierno que están vinculados en hechos de corrupción, y que, por este motivo, son investigados por la justicia federal de la Nación.
Durante los últimos días, un hecho que resonó con fuerza en todos los medios de comunicación fue el hallazgo de los videos de las cámaras de seguridad de la oficina central de la financiera SGI, hoy conocida como “La Rosadita”, ubicado en el edificio Madero Center, en pleno barrio porteño de Puerto Madero. En las imágenes, que fueron difundidas por el noticiero central de canal 13, se puede observar a un grupo de individuos contando con gran vehemencia una gran cantidad de billetes.
La escena podría pasar desapercibida, ya que el ámbito donde se estaba ejecutando esa operatoria se trataba de una financiera; en ese contexto podría caber perfectamente el fiel concepto que articuló Aníbal Fernández, cuando afirmó con apasionamiento durante una extensa entrevista al programa Animales Sueltosque “no es delito contar plata”; esa manifestación lo proclamó luego de que se supo quienes eran los personajes que con gran codicia efectuaban esa acción fuera de lo común y en forma ilícita.
Por esas imágenes filtradas, el juez federal Sebastián Casanello llamó a indagatoria a todos los implicados en la operatoria del conteo de millonarias sumas de dinero, que pertenecerían al empresario kirchnerista Lázaro Báez y que provendrían de los sobre precios en las obras públicas.
Martín Báez (hijo de Lázaro),Fabián Rossi, el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián Pérez Gadín fueron llamados por el magistrado para esclarecer el verdadero origen de esa fortuna incalculable que era transportada en bolsos y valijas, evadiendo todo tipo de control fiscal. Para el juez de estaba en presencia de un acto de "supuesto lavado de dinero".
Se sabe que a partir de los testimonios de los arrepentidos del valijero Leo Fariña y del ex titular de “La Rosadita” Federico Elaskar en el programa Periodismo Para Todos (allá por abril del año 2013) comenzó la intensa investigación de la causa que vincula directamente al matrimonio Kirchner, con Lázaro Báez dueño del Imperio Austral Construcciones.
Bajo el título de “La ruta del Dinero K”, se investiga el dudoso patrimonio del empresario de la construcción favorecido en la licitación de obras públicas desde que Néstor Kirchner fue gobernador de Santa Cruz hasta la última etapa de la presidencia de Cristina Fernández.
Durante las últimas horas. Casanello afirmó que la ex presidente no estaría involucrada en esta causa de “supuesto lavado de dinero” debido a que en los videos no aparece nombrada su figura, de esta forma confirmó que “no la llamaría a declarar como sospechosa”, aun que confió que los videos son una prueba “que no tenían en la causa” y que por ello “cambia todo el escenario”.
