Es sabido que las personas con discapacidad presentan inconvenientes a la hora de desenvolverse en acciones de la vida cotidiana, tanto en sus propias casas, como en la escuela, oficinas públicas, lugares de esparcimiento, etc. Sin embargo, el mayor obstáculo que han debido enfrentar desde siempre, lo constituye la demostración constante a la sociedad, de que no forman una clase aparte.
Los avances tecnológicos alcanzados, les permiten hoy capacitarse, acceder a la información, a la vida laboral, a importantes grados de autonomía personal y a aspirar en suma, a formar parte activa del entramado social.
Porque las personas con discapacidad no son ya sujetos pasivos, incapaces de actuar jurídicamente y que sólo pueden ocupar lugares donde reciban la protección de la familia o el Estado. Por el contrario, son sujetos activos, libres, que exigen un lugar en la sociedad; espacio desde donde reciben de ella y donde también realizan sus aportes.
Prueba de ello lo demuestran los progresos logrados en los últimos años, donde se va dejando de lado un modelo asistencial de atención a las personas discapacitadas, consideradas como portantes de una enfermedad que las convierte en inhábiles, sujetos socialmente invisibles, con limitada o nula capacidad de obrar, y sin posibilidades de ser partícipes en la defensa de sus necesidades, intereses y derechos.
Diferentes instrumentos legales, así como organizaciones internacionales, han servido de base para trabajar en beneficio del mejoramiento de los diferentes aspectos que componen la vida de las personas con discapacidad. Entre ellas, es de destacar la labor realizada por las Naciones Unidas a favor de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y la contribución de sus agencias especializadas: La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dedicada a mejorar el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral y a elevar los niveles de integración económica a través del desarrollo de la legislación laboral y de actividades de cooperación técnica.
En Argentina, múltiples leyes y decretos vigentes, regulan la problemática relativa a la discapacidad y a los ámbitos específicos de la misma. Ejemplo de ello, es la ley Nº 22.431, Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, del año 1981. Esta normativa alude en su artículo 8, al porcentaje de ocupación laboral de personas con discapacidad que deberá tener el Estado Nacional y sus distintos organismos, fijado en un 4%.
En el año 2003, mediante la ley Nº 25.689, se modificó dicho artículo, por tanto deben respetar la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, y los postulantes podrán hacer valer sus derechos de prioridad de ingreso.
Ahora bien, de poco sirve la base jurídica existente, si se carece de los mecanismos de aplicación y de los recursos necesarios para que su alcance sea efectivo. Como tampoco, si la ciudadanía continúa sin reconocer a los discapacitados como personas con intereses, deseos y necesidades iguales a todos los seres humanos. Es la sociedad la que en ocasiones padece discapacidad para apreciar lo diferente y darles un lugar.
De allí, la importancia de concientizar a la sociedad toda, que estas son personas con capacidades a las que se les debe dar las oportunidades adecuadas para ser individuos productivos.
Tal vez debería pensar en que la solución consiste en ayudarlas a identificar mejor todas sus potencialidades, encontrando los medios apropiados, e insertándolas en el mundo laboral con el objeto de que generen ingresos que satisfagan sus necesidades, se respete su dignidad como personas y por tanto, que logren acceder a una mejor calidad de vida.
